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En un comunicado de prensa la Fiscalía General de la Nación, indica que “Expertos en contratación pública de la Fiscalía General de la Nación recaudaron suficiente material probatorio y evidencia física que advierte la presunta participación de la exgobernadora del Magdalena, Rosa María Cotes de Zúñiga, en un entramado de corrupción que causó grave afectación a los recursos públicos de ese departamento”.
Asi mismo, expresa que “el material probatorio da cuenta que la hoy acusada usando su cargo habría direccionado a través de distintos funcionarios de la gobernación la adjudicación de manera directa de tres contratos a una empresa de la cual era representante legal, una mujer que hizo parte de su campaña política en el 2015 en calidad de contadora”.
La adjudicación de los contratos se hizo de manera directa, eliminando cualquier proceso licitatorio público que brindara garantías de transparencia, selección objetiva, planeación y la participación de distintas propuestas económicas y técnicas que permitieran seleccionar al mejor oferente.
Según la fiscalía la otra de las irregularidades advertida por la Fiscalía es el impedimento que tenía la gobernadora para contratar con personas que al parecer eran cercanas a ella, y que además hubieran formado parte de su equipo de trabajo cuando aspiraba al primer cargo político del Magdalena.
Es así como Cotes de Zúñiga es señalada de no cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia y no controlar ni supervisar la contratación al ser la ordenadora del gasto de la gobernación.
De igual forma el ente acusador sostiene que “los contratos investigados son el 798 de 2016, 822 de 2017 y 566 de 2018. Estos documentos alcanzaron un valor de 1.023 millones de pesos y tenían por objeto implementar las normas internacionales de contabilidad en los procesos de la gobernación. Un requisito establecido por la Contaduría General de la Nación”.
“Con el material recaudado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente a la gobernadora del Magdalena para el periodo 2016-2019, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en tres eventos”, enfatiza la fiscalia
A juicio irá la exgobernadora del Magdalena Rosa María Cotes de Zúñiga, luego que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia la acusara formalmente del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos imputados a la mandataria ocurrieron durante su mandato (2016-2019) en el que, de acuerdo con la versión del ente investigador, la gobernadora habría establecido un contrato con una empresa que pudo haber afectado los recursos públicos de ese departamento».
«La hoy acusada usando su cargo habría direccionado, a través de distintos funcionarios de la gobernación, la adjudicación de manera directa de tres contratos a una empresa de la cual era representante legal, una mujer que hizo parte de su campaña política en el 2015 en calidad de contadora», detalló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa entregado a los medios.
Las autoridades advirtieron que la exgobernadora hizo caso omiso del impedimento para que las administraciones contraten con personas con las que se tienen vínculos o que hicieron parte de los grupos de trabajo durante la campaña.
La Fiscalía dijo que a la exmandataria se les atribuye el «no cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia y no controlar ni supervisar la contratación al ser la ordenadora del gasto de la gobernación».
Los contratos bajo la mira de las autoridades y por los que está acusada la exmandataria regional se firmaron entre 2016 y 2018 por valor global de $1.023 millones y cuyo objetivo era el de «implementar las normas internacionales de contabilidad en los procesos de la gobernación», como lo exige la Contaduría General de la Nación.
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