La Defensoría registró 24 hechos violentos contra la sociedad civil entre el 21 de enero y el 17 de febrero. Hay preocupación por el accionar en la región Caribe.
Región Caribe
El Heraldo
Según el segundo boletín entregado por la Defensoría del Pueblo, en el que se estudió el comportamiento de las organizaciones guerrilleras entre el 21 de enero y el 17 de febrero de 2023, los ataques a las comunidades de la Región Caribe y el occidente del país no se han detenido.
La población civil sigue viéndose ampliamente afectada a pesar de la implementación del cese al fuego entre la Fuerza Pública y cuatro grupos armados ilegales diferentes.
“Con 24 hechos violentos en municipios de distintas zonas del país, especialmente de la Región Caribe y el occidente del país, se comprueba que, entre el 21 de enero y el 17 de febrero pasados, las acciones bélicas por parte de los grupos armados ilegales de que tratan los Decretos del Gobierno nacional no se han detenido”, reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En el informe se identificaron cinco acciones bélicas que involucraron directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente, de las disidencias de las exFarc, en el departamento del Cauca.
Asimismo, el documento confirma que “el 23 de enero se dio un hostigamiento contra el Ejército Nacional en Buenos Aires; el 3 de febrero, un hostigamiento a la Estación de Policía de Corinto; el 9 del mismo mes, enfrentamientos armados en Argelia; al siguiente día, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto, y el 12 de febrero se presentaron combates entre fuerza pública y guerrilla en zona rural de Balboa”.
Además, el defensor indicó que, durante los 21 días de estudio que comprendió el informe, también se identificaron situaciones que generaron impactos humanitarios y/o vulneración de los derechos humanos.
En cuanto a estos hechos, se denunció que en la región Caribe las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), buscan perpetuar el orden violento a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado.
De acuerdo con lo revelado en el informe, la masacre del 16 de febrero en El Cerrito, Valle del Cauca, también se relacionan con los hechos. “El 30 de enero, en el municipio de Campamento (Antioquia), se conoció la masacre de tres jóvenes que fueron asesinados luego de ser citados y fotografiados por miembros presuntamente de la Facción disidente del Frente 36 de las Farc”, se lee en el documento.
“Seguimos instando a que se adopten las recomendaciones formuladas en nuestras Alertas Tempranas y a que, en paralelo a las disposiciones normativas, el Estado colombiano afiance sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos en los territorios donde los cuatro grupos señalados tienen algún tipo de actuación”, concluyó el Defensor del Pueblo.
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