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En toda democracia sólida, las elecciones no solo deben ser limpias: deben parecerlo y la legitimidad no se sostiene únicamente en los informes técnicos de los organismos de control ni en los respaldos de observadores internacionales,
La legitimidad también se construye en la percepción ciudadana y en la confianza que tiene en las autoridades electorales. Y es precisamente allí donde, de cara a las elecciones de 2026, comienzan a asomar la “desconfianza” y las dudas que merecen ser estudiadas sin descalificaciones ni triunfalismos.
Los entes de control han defendido con firmeza la transparencia del proceso electoral y se habla de sistemas auditados, de vigilancia internacional, de garantías institucionales robustas. En el papel, el andamiaje parece sólido.
Poner en duda la efectividad del proceso electoral no equivale necesariamente a desconocerlo ni aceptarlo, siempre amerita una vigilancia estructural. Los sectores de la sociedad expresan inquietudes sobre la logística electoral, la neutralidad de las instituciones o el uso de recursos públicos, hacen que la vigilancia tenga que ser permanente.
El problema surge cuando desde el poder se interpreta toda crítica como un intento de desestabilización, sembrado la duda permanentemente. Esa reacción, lejos de fortalecer la confianza, la debilita porque una democracia madura debería ser capaz de someterse al escrutinio constante.
Los organismos internacionales, por su parte, cumplen un rol importante como garantes externos, pero su respaldo no debería ser utilizado como un argumento de legitimidad democrática porque a confianza se construye desde adentro, con ciudadanos informados, críticos y participativos.
De cara a 2026, el desafío no es solo organizar unas elecciones técnicamente impecables sino lograr que la mayoría de los colombianos sienta que su voto cuenta, que su voluntad será respetada y que las reglas del juego son claras para todos.
Las elecciones de 2026 no solo pondrán a prueba la capacidad técnica del Estado, sino la solidez de la confianza ciudadana. La defensa institucional de su legitimidad es necesaria, pero no suficiente: debe ir acompañada de transparencia real, apertura al escrutinio y disposición a corregir fallas.
Dudar, cuando se hace con responsabilidad, no debilita la democracia; la fortalece, pero también es cierto que la crítica debe sostenerse en hechos y no en sospechas infundadas. Entre la confianza absoluta y la desconfianza total, Colombia necesita un punto de equilibrio donde la vigilancia ciudadana y la institucionalidad se complementen, garantizando que el voto sea, sin reservas, la expresión legítima de la voluntad popular.
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