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La Procuraduría General de la Nación se pronunció a través de un comunicado de prensa y requirió al ICBF un reporte sobre las gestiones para combatir y prevenir la mutilación genital contra niñas y adolescentes del país.
Esto luego del grave caso registrado en el departamento de Risaralda, donde a una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí, le fue practicado un procedimiento de ablación genital, que significa extracción mutilación de una parte del cuerpo.
Se trata del caso reportado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde fue atendida la niña de quince días de nacida “con diagnóstico de desnutrición severa, gastroenteritis y amputación traumática de los genitales”, además hija de una madre adolescente.
El ICBF también deberá confirmarle a la Procuraduría si se han adelantado escenarios de diálogo o sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en los que se ha identificado este flagelo.
«Atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes», se lee.
Pide finalmente el ente de control disciplinario que el ICBF propicie espacios de sensibilización y diálogo con las autoridades indígenas y la comunidad, así como la articulación con otras entidades para prevenir que se vuelvan a presentar estas prácticas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos.
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