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La exministra también asumirá de manera encargada la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El Gobierno busca evaluar los compromisos pactados, revisar el uso de los recursos públicos e identificar fallas en la implementación.
El presidente Abelardo De la Espriella designó a Viviane Morales Hoyos como nueva consejera comisionada de Paz, con la tarea de revisar la implementación de los acuerdos de paz y evaluar los resultados de las políticas desarrolladas en esta materia. La funcionaria también asumirá, de manera encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Según informó la Presidencia mediante un comunicado fechado el 22 de octubre, Morales liderará una revisión de los compromisos adquiridos, la destinación de los recursos públicos y las dificultades institucionales que, según el Gobierno, han obstaculizado el acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de seguridad.
De acuerdo con el documento, este nombramiento se enmarca en el propósito del Ejecutivo de revisar el modelo de implementación de los acuerdos y modificar las estructuras que considere innecesarias o que se hayan apartado de sus objetivos.
En su comunicado, la Presidencia se refirió a este proceso como el “desmonte de la falsa paz”, una expresión con la que el Gobierno cuestiona los resultados de la política de paz de administraciones anteriores.
¿Qué funciones tendrá Viviane Morales?
De acuerdo con el anuncio oficial, la nueva comisionada deberá evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos, examinar el destino de los recursos estatales e identificar las fallas institucionales que puedan estar afectando la aplicación de las políticas de paz.
También tendrá a su cargo impulsar una revisión de las medidas vigentes y proponer las reformas que el Gobierno considere necesarias, dentro del marco de la Constitución y la ley. La designación de Morales se produce después de que el Gobierno de De la Espriella anunciara cambios en su política frente a las organizaciones armadas y los espacios de negociación.
En septiembre, el Ejecutivo dio por terminados varios procesos de diálogo y espacios de conversación sociojurídica, entre ellos los relacionados con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los Comuneros del Sur y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La Presidencia sostuvo que la política de paz de esta administración estará orientada por el cumplimiento verificable de los compromisos, la justicia, la seguridad y la reparación efectiva de las víctimas. Bajo esa perspectiva, el Ejecutivo plantea revisar los mecanismos que han orientado la implementación de los acuerdos y determinar cuáles deben modificarse.
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