ElLeadNoticias.com/El Tiempo
El modelo de salud del Magisterio colombiano, implementado en mayo de 2024 durante el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta una crisis financiera y asistencial que amenaza la atención médica de miles de docentes. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, expusieron el martes 20 de octubre ante el Senado las fallas que hacen inviable su continuidad.
Más de 2,4 billones de pesos. Esa es la cifra que la Superintendencia Nacional de Salud llevó a la Comisión Séptima del Senado como el monto de las cuentas por pagar del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por servicios de salud, insumos y medicamentos. Es la deuda de la entidad responsable de garantizar la atención médica de más de 820.000 afiliados, entre maestros y sus beneficiarios.
La superintendenta, María Andrea Godoy, presentó el informe durante la citación de control político en el Senado de la República. Según expuso, el problema empieza en la base del sistema: de los 3.934 prestadores de servicios de salud que hay en todo el país, el Fomag registra a la fecha únicamente un contrato legalizado. Así las cosas, el fondo atiende a más de 820.000 personas a través de una red con la que casi no tiene acuerdos formalizados.
A los nuevos hallazgos de la entidad se suman otros más antiguos: entre 2024 y 2026, la Supersalud realizó nueve auditorías al fondo, y en mayo de este año se reportaron 38 hallazgos relacionados con obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información.
Frente a este panorama, la Supersalud impuso una medida cautelar al fondo para que detenga las acciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a atenderlos. Además, trasladó los hallazgos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que volver a mayo de 2024, cuando el modelo de salud del magisterio cambió de manos. Bajo el liderazgo del gobierno de Gustavo Petro, se pasó de un esquema de nueve contratistas que administraban el servicio a otro en el que la Fiduprevisora, entidad mixta adscrita al Ministerio de Hacienda, quedó como único pagador y administrador. Además, pasó a ser la responsable de contratar con cada una de las IPS que prestan la atención médica, dispensan los medicamentos y realizan los tratamientos.
La intención era sacar del negocio a los contratistas que durante años acumularon tutelas, demandas y quejas por incumplimientos reiterados. Sin embargo, el nuevo esquema, que en su momento se presentó como un piloto de la reforma a la salud que impulsaba esa administración, mostró sus propias grietas: más reclamos de los usuarios, posibles sobrecostos, interrupciones en el servicio y contratos terminados unilateralmente por varios de los principales hospitales del país ante la falta de pagos. Entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han denunciado estos problemas.
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