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La propuesta del alcalde Luis Fernández Quinto de crear una empresa municipal de servicios públicos en Ciénaga ha puesto sobre la mesa uno de los debates más sensibles para cualquier administración: quién debe manejar el agua, el alcantarillado y el aseo, y bajo qué condiciones. No se trata de un asunto menor. Hablamos de servicios esenciales que inciden directamente en la salud, la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
En el papel, la iniciativa suena atractiva. Recuperar el control directo de los servicios públicos, mejorar su calidad, ampliar la cobertura y poner fin a problemas históricos como la intermitencia del agua potable, el colapso del alcantarillado y las fallas en la recolección de basuras es, sin duda, un anhelo legítimo de los cienagueros. Durante años, la comunidad ha denunciado deficiencias que parecen haberse normalizado, como si vivir sin agua continua o entre malos olores fuera parte del paisaje cotidiano.
Sin embargo, el entusiasmo no puede eclipsar las preguntas de fondo. Crear una empresa pública no es, por sí solo, garantía de eficiencia ni de buen servicio. La historia reciente del país está llena de ejemplos donde entidades similares terminaron convertidas en focos de burocracia, mala administración y, en el peor de los casos, corrupción. El temor expresado por algunos ciudadanos —que se cree una empresa sin músculo financiero y que el costo termine trasladándose a las tarifas— no es infundado.
El éxito o fracaso de esta propuesta dependerá de factores clave que aún no están claros: ¿con qué recursos operará la empresa?, ¿cómo se garantizará su sostenibilidad financiera?, ¿quiénes la administrarán y bajo qué criterios?, ¿qué mecanismos de control y transparencia se implementarán para evitar que se convierta en un fortín político? Estas preguntas no pueden resolverse únicamente en el recinto del Concejo.
Por eso, resulta acertado el llamado de distintos sectores sociales a que el proyecto sea ampliamente socializado. La ciudadanía no puede ser un espectador pasivo de una decisión que impactará su bolsillo y su bienestar. Se necesita información clara, cifras concretas y compromisos verificables. Gobernar también es explicar y escuchar.
El Concejo Municipal tiene ahora una responsabilidad histórica. Más allá de afinidades políticas, deberá evaluar con rigor los aspectos jurídicos, financieros y operativos del proyecto. Aprobarlo a la ligera sería tan irresponsable como archivarlo sin un debate serio.
La creación de una empresa municipal de servicios públicos puede ser una oportunidad para corregir viejos errores o un nuevo salto al vacío. La diferencia estará en la transparencia, la planificación y, sobre todo, en que el interés general prevalezca sobre cualquier cálculo político. En servicios públicos, improvisar siempre termina saliendo caro.
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