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En atención a las instrucciones impartidas por el gobernador Rafael Martínez y con el propósito de garantizar la protección de los derechos humanos en el territorio magdalenense, se lideró en la Casa por la Paz y la Vida en Santa Marta, un espacio de articulación para verificar las condiciones humanitarias que viven las comunidades indígenas en el departamento.
A este espacio acudieron representantes del Cabildo Arhuaco y de la Asociación de Autoridades Kogui Magdalena Muñkuawinmaku, con asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, y quienes expusieron su situación actual en materia de derechos humanos, ante funcionarios departamentales de la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos.
“La Gobernación presentará un apoyo institucional, en últiples acciones de acompañamiento en jornadas de transversalización de garantías de acciones constitucionales de tutela, justamente para que las entidades que tienen a su cargo la protección, realicen e implementen las diferentes medidas que como sujetos de reparación colectiva tienen estas comunidades”, indicó Nayara Vargas, Alta Consejera para los Derechos Humanos del Magdalena.
Es de recordar que esta dependencia coordina de manera armónica y articulada con las demás entidades del Estado a fin de lograr los fines previstos en la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el Magdalena.
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