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*El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reafirman su total disposición para colaborar en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Tras la sesión reservada en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, abordó el tema del software Pegasus, destacando la gravedad de sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos en Colombia.
“Desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tenemos toda la disposición para llevar a cabo las verificaciones necesarias, a medida que avanzan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el ministro Velásquez.
El ministro también aclaró que los organismos de inteligencia ya han realizado revisiones exhaustivas, confirmando que no existe registro de adquisición del software Pegasus en los inventarios del Ministerio o sus organismos asociados: “No hay ningún rubro destinado a esta adquisición, ni hay registro de que este software esté en uso actualmente”.
Velásquez fue enfático al señalar que, si bien Pegasus fue adquirido en el pasado, en este Gobierno no se ha autorizado la renovación de licencias. Además, dada la magnitud del escándalo, es probable que los equipos asociados a su uso hayan sido destruidos. Sin embargo, el Ministerio continúa comprometido con llegar al fondo del asunto: “Debemos determinar cómo se adquirió, quién lo adquirió y, posiblemente, contra quiénes se utilizó”.
El jefe de la Cartera también subrayó la importancia de asegurar el uso legal y controlado de todos los mecanismos de inteligencia intrusiva. Como presidente de la Junta de Inteligencia Conjunta, Velásquez solicitó a cada organismo de inteligencia un informe detallado sobre los equipos y software disponibles, enfatizando la necesidad de ejercer un control riguroso sobre estos recursos.
Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva sesión reservada con la Comisión, para avanzar en el inventario de los equipos de inteligencia y revisar las garantías de control sobre su uso.
“El compromiso de este Gobierno es garantizar el respeto absoluto por los derechos humanos, y asegurarnos de que en el futuro no se repitan estas violaciones”, concluyó Velásquez.
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