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Entre 2022 y 2025, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han incautado más de 7.279 toneladas de drogas ilícitas, una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo sostenido del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de la violencia. Este resultado consolida un promedio anual superior a 1.800 toneladas, posicionando este periodo entre los más efectivos en materia de resultados operacionales.
La cocaína representa el núcleo de las operaciones, con más de 2.700 toneladas incautadas durante la actual administración, equivalentes a 27 mil millones de dosis que no llegaron a las calles. En lo que va de 2025, se han decomisado más de 820 toneladas de cocaína, lo que supone un incremento del 7% frente al mismo periodo de 2024. Estos resultados reflejan una acción coordinada y permanente en los principales corredores del narcotráfico, con un impacto directo en las finanzas de las organizaciones criminales.
“Estamos analizando promover que los ingenieros químicos desarrollen una especie de molécula que al colocarla en el combustible dañe la producción de cocaína, pero que no afecte los vehículos o que no afecte la función principal de la gasolina” agregó al respecto el ministro Pedro Sánchez Suárez.
La hoja de coca y la marihuana también han registrado reducciones sostenidas en sus volúmenes incautados, lo que podría estar asociado con la presión militar y policial en zonas de cultivo y tránsito. Aunque los volúmenes globales disminuyeron frente a 2024, los resultados de 2025 se destacan por la efectividad táctica y la mayor eficiencia operativa frente a estructuras criminales más segmentadas.
El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, informó además que más de 780 personas han sido extraditadas por delitos relacionados con el narcotráfico, reafirmando el compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la lucha conjunta contra el crimen transnacional.
En conjunto, los resultados del periodo 2022–2025 confirman la eficacia y continuidad de la política integral contra las drogas, centrada en la interdicción, la destrucción de infraestructura y la articulación con la justicia internacional. El Estado colombiano mantiene una presión sostenida sobre las economías ilícitas, afectando de manera directa la capacidad operativa y financiera de las organizaciones narcotraficantes.
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