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Ante la Sala Plena del Consejo de Estado se posesionó el magistrado Alberto Montaña Plata como nuevo presidente de la corporación para el periodo 2026, luego de ser elegido por unanimidad por los integrantes de la alta corte.
La decisión ratifica la línea institucional de privilegiar perfiles que combinan una amplia experiencia en la rama judicial con una sólida trayectoria académica y profesional. Montaña Plata asume la presidencia de la máxima instancia de la justicia administrativa del país en un contexto de fortalecimiento del equilibrio y la pluralidad en la conformación de las altas cortes.
El nuevo presidente del Consejo de Estado es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con doctorado en Derecho de la Universidad de Bolonia y un postdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Pisa, ambas instituciones de Italia.
Su carrera académica supera los 25 años como docente universitario, principalmente en su alma mater, donde se desempeñó como director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Su producción intelectual incluye diversos libros y artículos científicos especializados en Derecho Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Servicios Públicos.
A nivel internacional, Montaña Plata fue profesor invitado en universidades de reconocido prestigio como Pescara, Ferrara y Pisa en Italia, así como en la Universidad de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid, en España.
Antes de asumir la presidencia de la corporación, desempeñó funciones clave dentro del Consejo de Estado, entre ellas la de magistrado auxiliar de la Sección Tercera y conjuez tanto de esa misma sección como de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Su experiencia profesional también se extendió a la resolución de conflictos, al actuar como árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla.
De acuerdo con el alto tribunal, la designación de Montaña Plata se ajusta a los criterios establecidos tras la reforma constitucional de 2015, que dispuso la necesidad de garantizar un equilibrio entre magistrados provenientes de la carrera judicial, el ejercicio independiente de la abogacía y el sector académico en la conformación de las altas cortes de Colombia.
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