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El Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, solicitó formalmente al Consejo de Estado la nulidad del fallo judicial que prohibía la transmisión televisiva de los Consejos de Ministros, al considerar que esa decisión afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados directamente sobre los temas cruciales del país.
El anuncio fue hecho por el Ministerio del Interior, desde donde se argumentó que en una democracia moderna debe primar el interés general por conocer las decisiones trascendentales del Gobierno sobre cualquier consideración de tipo particular, incluida la programación habitual de los medios públicos.
La transmisión de los Consejos de Ministros, aseguraron, no solo responde al principio de transparencia, sino que también fortalece el control ciudadano y permite que los colombianos formen sus propios criterios sin depender de filtros mediáticos.
“La transmisión directa de los Consejos de Ministros permite que cada persona forme su propio juicio, sin intermediarios”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también subrayó que “el pueblo es soberano y tiene derecho a acceder a la información gubernamental de la forma más directa y amplia posible”.
La solicitud de nulidad fue presentada luego de que el Consejo de Estado emitiera una decisión que calificó como indebida la transmisión en horario prime de estos espacios gubernamentales, alegando que se trataban de alocuciones políticas sin carácter institucional.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño se insiste en que estas reuniones son actos de gobierno de altísimo interés público, especialmente cuando se discuten temas clave como la seguridad, la economía, la salud o las reformas estructurales en curso.
El presidente del Consejo de Estado también intervino en el debate al señalar que se ha “desdibujado lo que se ha conocido como una alocución”, diferenciando entre un discurso político tradicional y un espacio de deliberación y decisión colectiva dentro del Gobierno.
Desde esa perspectiva, el Consejo tendrá que evaluar si su interpretación previa se ajusta al principio constitucional de publicidad de los actos de la administración.
El Ejecutivo espera que el Consejo de Estado revise su posición, atendiendo al principio de máxima publicidad y al derecho ciudadano a recibir información de forma directa. Mientras tanto, el Gobierno seguirá defendiendo el carácter institucional y transparente de estos espacios, insistiendo en que gobernar sobre lo público debe hacerse en público.
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