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El organismo advierte una escalada del conflicto entre el ‘Clan del Golfo’ y las ACSN, que está dejando homicidios, secuestros, amenazas y reclutamiento de menores, afectando gravemente a pueblos indígenas de la región.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, en la que advierte un alto riesgo humanitario y de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, debido a la escalada de violencia entre el ‘Clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Según el informe, 21 entes territoriales de Magdalena, La Guajira y Cesar están bajo riesgo.
En Magdalena, los municipios afectados son Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo.
En La Guajira, la alerta cubre Riohacha, Dibulla, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania. En Cesar, señala a Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso y Puerto Bello.
La Defensoría advierte que las ACSN mantienen control en Ciénaga y Santa Marta, mientras el ‘Clan del Golfo’ busca expandirse en la región. La disputa entre ambas estructuras, sumada a divisiones internas y al valor estratégico de los territorios, está generando violencia sistemática como: Homicidios individuales y colectivos, secuestros, Amenazas a líderes y comunidades, Reclutamiento de menores, Pueblos indígenas, los más afectados
El Ministerio Público enfatizó que la escalada armada está afectando gravemente a los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, cuyos territorios se encuentran en las zonas disputadas.
En cuanto a las Economías ilegales y control social, los grupos armados estarían imponiendo exacciones y control ilegal sobre actividades como el turismo, la agricultura de alto valor (especialmente café y banano), la ganadería, y el tráfico de narcóticos y armas. Además, aprovechan la frontera marítima y los corredores estratégicos como la Troncal del Caribe para consolidar sus rentas ilícitas.
La Defensoría exhortó a las instituciones del Estado a implementar medidas de protección inmediatas para pueblos étnicos, líderes sociales y toda la población en riesgo, y a fortalecer las garantías de derechos humanos ante el avance de los grupos armados.
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