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Las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta lanzaron fuertes cuestionamientos al Gobierno Nacional tras concluir un espacio de diálogo de tres días en Bogotá, al considerar que las reuniones se limitaron a formalidades administrativas y no produjeron decisiones de fondo frente a las problemáticas estructurales que afectan históricamente al territorio.
Según los voceros comunitarios, el encuentro evidenció una vez más la ausencia de funcionarios con poder real de decisión, lo que impidió la adopción de compromisos claros y verificables. A ello se sumaron los escasos tiempos de discusión, situación que, según afirmaron, demuestra una falta de voluntad política para avanzar en la dignificación del campesinado de la Sierra Nevada.
Los líderes advirtieron que esta dinámica no es nueva y responde a una desarticulación crónica entre las distintas entidades del Estado, que ha frenado el desarrollo regional, debilitado la garantía de derechos fundamentales y profundizado la exclusión social que por décadas han enfrentado las comunidades rurales de la región.
El espacio fue convocado por el Ministerio del Interior tras el anuncio de una posible movilización campesina. Sin embargo, señalaron que el diálogo, solicitado inicialmente como una alternativa a la protesta social, terminó reduciéndose al seguimiento parcial de compromisos incumplidos y a la reiteración de rutas administrativas que trasladan la responsabilidad a alcaldías y gobernaciones, sin ofrecer soluciones concretas desde el nivel nacional.
De acuerdo a las comunidades, aunque las entidades manifestaron disposición para articular esfuerzos, no se adoptaron decisiones que permitan atender de manera efectiva las urgencias en materia de infraestructura vial, salud, educación y saneamiento básico, lo que mantiene intactas las condiciones de precariedad en el territorio.
Pese al malestar generalizado, los campesinos informaron que se acordó con el viceministro del Interior la realización de un nuevo espacio de diálogo en el territorio durante el mes de febrero, en el marco de un comité ampliado y con presencia de instancias de alto nivel decisorio. Este encuentro, advirtieron, será definitivo para determinar si el Gobierno está dispuesto a pasar del discurso a los hechos.
Las comunidades fueron enfáticas en señalar que, de persistir la ausencia de avances reales, no descartan retomar la protesta social pacífica como un mecanismo legítimo para exigir el cumplimiento de sus derechos. En paralelo, anunciaron que ejercerán un seguimiento riguroso a los compromisos asumidos por las administraciones municipal y departamental, informando de manera pública y transparente sobre su cumplimiento.
Por último, reiteraron que su exigencia se enmarca en la defensa de la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo integral de la Sierra Nevada de Santa Marta, advirtiendo que el agotamiento del diálogo sin resultados concretos profundiza la desconfianza institucional y la inconformidad social en el territorio.
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